La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido la acción de su Departamento en el desarrollo de políticas de vivienda en los primeros meses de Legislatura, resaltando cinco pilares fundamentales: financiación sin precedentes, regulación, fiscalidad, movilización de suelos públicos y protección del parque, así como la necesidad de colaboración, diálogo e interlocución.

Ampliar el parque público, protección de su función social y ciudades sostenibles

Isabel Rodríguez ha reiterado que los tres grandes objetivos de su Ministerio son la ampliación del parque público de vivienda, la protección de su función social y el fomento de ciudades y pueblos más sostenibles. «Desde el Gobierno vamos a seguir trabajando sin descanso y con todos los recursos a nuestro alcance para atender esta emergencia social que afecta a cientos de miles de personas», afirmó.

Rodríguez argumentó que se requiere una combinación de acciones políticas urgentes y otras a largo plazo, destacando la necesidad de contar con más vivienda pública y asequible, proteger más y mejorar la calidad de la vivienda. Para ello, ha subrayado que el Gobierno está invirtiendo en vivienda pública para recuperar el déficit acumulado en los últimos años.

Además, ha indicado que la vivienda social en España está por debajo de la media europea y que es imperativo elevar la dotación de recursos para lograr la convergencia con Europa.

Para conseguir este objetivo, Isabel Rodríguez ha mencionado el fortalecimiento de instrumentos como SEPES, SAREB e ICO, además de la colaboración público-privada y la necesidad de aprobar la Ley del Suelo, fundamental para la construcción del parque público de vivienda.

Regulación y protección de la función social de la vivienda

La ministra ha enfatizado que la protección de la función social de la vivienda es esencial. «El libre mercado no es la solución cuando hablamos de una necesidad básica y de un derecho», dijo, enfatizando la regulación de las viviendas para garantizar su uso residencial. Ha advertido contra el abuso de alquileres turísticos y la creación de infraviviendas mediante el hacinamiento.

En esta línea, Rodríguez ha reiterado la importancia de blindar a perpetuidad la protección de las viviendas del parque público, subrayando que las comunidades autónomas tienen un papel significante en este proceso.

Finalmente, ha abordado la necesidad de un enfoque que contemple la sostenibilidad de las ciudades y la rehabilitación de viviendas, alineado con la directiva europea sobre eficiencia energética. Ha enfatizado que la falta de regulación en los alquileres turísticos afecta tanto el acceso a la vivienda como la identidad comunitaria de los barrios.

Compromisos del Gobierno y gestión en vivienda

Isabel Rodríguez ha compartido algunos hitos de su gestión, citando la declaración de numerosos municipios como zonas de mercado tensionado, la moratoria de desahucios para personas vulnerables y la eliminación de las Golden Visa. Además, ha resaltado el trabajo conjunto con comunidades y ayuntamientos para la construcción de viviendas asequibles a través del Plan de Recuperación.

También ha destacado la firma de convenios con entidades financieras para facilitar el acceso a hipotecas para jóvenes y familias, movilizando miles de millones de euros para promover viviendas sostenibles.

Rodríguez ha concluido su intervención celebrando los acuerdos que permitirán el acceso a hogares asequibles para miles de personas a través de nuevas iniciativas públicas de vivienda.

Evaluación de la situación de la vivienda

La ministra ha analizado la situación actual de la vivienda, enfatizando que no es un problema exclusivo del país y que representa una crisis global que alimenta la desigualdad. Ha subrayado que cerca del 45% de la población en alquiler de mercado está en riesgo de pobreza.

Rodríguez ha destacado que «hoy somos una gran mayoría los que entendemos la necesidad de proteger el parque de vivienda», enfatizando la importancia de aprender de errores pasados para evitar repetirlos. También ha reflejado la creciente demanda de vivienda, que ha elevado los precios de compra y alquiler, especialmente en áreas urbanas y turísticas.

Finalmente, ha afirmado que el Gobierno es consciente de la urgencia de la situación, comprometiéndose a dar respuesta a las necesidades de la población afectada por la emergencia social que enfrenta el sector de la vivienda.